18 Abril, 2017 \

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La Asamblea Nacional insiste en la remoción y destitución de los Magistrados de la Sala Constitucional y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para ello, han decidido abrir varios frentes de batalla.

Sin embargo, esto no es nuevo. Desde el año pasado, la nueva conformación mayoritaria del Parlamento, se dispuso a “dejar sin efecto el acto administrativo” por el cual, la anterior Asamblea de mayoría oficialista había nombrado a 34 Magistrados (21 suplentes y 13 principales) días antes de que asumiera una nueva Junta Directiva.

Para 2016, los parlamentarios opositores confirmaron un comité para investigar dicho acto. De esas averiguaciones se supo que no se cumplió con los tiempos que establece la Ley y que, de 34 Magistrados, solo reposaban los currículum de dos. Además de hechos públicos como que, varios candidatos a este cargo fueron militantes y hasta diputados por el partido de gobierno y la mayoría no cumplía los requisitos de Ley.

Una vez aprobado este informe, el TSJ sacó una sentencia en marzo (la numero 9) que dejaba sin efectos cualquier decisión de esta comisión y le “recordaba” a la Asamblea que no estaban facultados para remover o destituir a Magistrados. Cosa por demás, cierta.

Así pasó el tiempo, y casi un año después, en marzo de 2017, la Sala Constitucional produjo dos sentencias (155 y 156) que limitaban – aún más- las funciones parlamentarias.

En esta ocasión, limitando la inmunidad parlamentaria, permitiéndole al Presidente Maduro reformas de leyes en materia penal,  económica y social y abrigándose la Sala, la potestad de asumir las funciones legislativas argumentando el desacato de la Asamblea. Todo esto, se desprendió de un “recurso de interpretación” que pedía aclarar si el presiente Maduro podía constituir empresas mixtas si. Pasar por la Asamblea si está estaba en desacato.

Desde ese momento, se desencadenaron una serie de acontecimientos.

La Fiscal General de la Republica señaló que hubo la ruptura del orden constitucional. La oposición sostuvo que hubo un golpe de Estado y él gobiernos, trato de “resolver” el escandalo convocando a un Consejo De Defensa para “exhortar” al Poder Judicial y al Ministerio Público a “dirimir sus diferencias”.

Lo siguiente fueron las decisiones 157 y 158. Sendas aclaratorias de las sentencias antes mencionadas donde se “suprimían” los elementos controversial es.

Lo que el gobierno pretendió ofrecer como solución devino en manifestaciones y distintos pronunciamientos nacionales e internacionales.

Sumado a eso, la cruzada que tomaron los diputados opositores para que el Consejo Moral Republicano califique la falta grave de estos siete Magistrados y sean destituidos.

Los parlamentarios consignaron un documento, el cual fue despachado por el Defensor, quien sin seguir los pasos que indica la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, señaló  que no había motivos para tal calificación.

Para el diputado Rafael Guzmán, quien considera que el Defensor está “más pendiente de sus músculos que del pueblo”, el funcionario ya “adelantó opinión por lo que debe inhibirse”.

Si este supuesto aplicara, quien asume es el director de la Defensoría. En este punto, hay quienes sostienen que la Fiscal también debiera hacerlo porque adelantó opiniones. Otras, en desacuerdo, aseguran que no hubo tal adelantó puesto que sus declaraciones ocurrieron previa a una solicitud de calificación de falta.

Guzman, recordó las palabras del ex Fiscal Isaías Rodríguez, quien señaló en una reciente entrevista que “un vicio de derecho de un juez, siempre es una falta grave”. Esto, lo utilizó Guzmán para asegurar que la falta de los Magistrados es evidente, no sólo con las sentencias 155 y 156 sino con sus aclaratorias 157 y 158 que califica de “ilegales”.

Otro frente, es el ciudadano. Y es que los parlamentarios tienen días recogiendo firmas durante las distintas movilizaciones para, amparándose en el artículo 32 de la LOPC, sea la sociedad quien pida la calificación al Consejo Moral.

Cosa que esperan ocurra este 19 de abril, cuando marcharán a la Defensoría para consignar estás firmas.

Estás día vías están consagradas en el artículo 265 de la Constitución.

Un tercer frente, es el que se hizo este martes, con la conformación de la comisión preliminar,  Órgano permanente, de la Asamblea, que deberá coordinar lo necesario para constituir el Comité de Postulaciones. Esta vía es mucho más larga.

Esta comisión estará integrada por diez diputados, cinco principales y cinco que fungirán como suplentes. Estos son: Chaim Bucaram; Ismael García; Edgar Zambrano, Sonia Medina y Carlos Berrizbeitia como principales y Rafael Guzman, Maribel Guédez, Olivia Lozano, Luis Carlos Padilla y Omar González como suplentes.

Una vez que está comisión se instale, deberá proveer de las herramientas necesarias para la conformación del Comité que estará conformado por 11 miembros: cinco (y suplentes) diputados y seis personas (y suplentes) de la sociedad civil, ya que este organismo tiene un carácter predominantemente ciudadano.

Lo que aún no tienen claro los diputados es si una vez instalado el Comité, postularan para los 34 Magistrados o lo harán según las vacantes.

El caso cierto es que, la Asamblea no escatimará en recorrer todos los caminos que sean necesarios para lograr tener nuevos Magistrados.

Foto Referencial ENPaís