21 Abril, 2017 \

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El caos vivido en las últimas semanas, revelan un Estado que ha perdido el control y no tiene capacidad de resolver los problemas económicos y sociales actualmente.

La dinámica económica, que ha llevado a Venezuela a hundirse en una depresión, ha derivado en un colapso social en todos los sectores. En el área productiva interna, con un desplome de más de 80% de la producción nacional, en un colapso de las importaciones, con caída de más de 80% desde 2014, con inflación sobre 800% en el último año, con una escasez crónica que supera 75% de bienes a precios regulados, una situación de desempleo que supera 50% en el área formal, una caída del ingreso del venezolano en más de 80%.

Lo anterior deriva en una crisis social sin precedentes, con muertes de ciudadanos que pudieran tener más tiempo de vida por falta de medicamentos, un avance fuerte en materia de desnutrición, tanto infantil como en adultos, ya que 75% de venezolanos aseguran haber perdido peso en el último año. Ambos aspectos se complican cuando los servicios públicos, tanto en el sector eléctrico como el de agua, están con altos niveles de deficiencia. Las principales ciudades del país sufren una crisis de desabastecimiento de agua potable.

Todo lo anterior tiene su fase superior y es que el gobierno tampoco tiene suficientes recursos, no sólo para sostener nada de lo descrito, sino para mantener una ejecución de gobierno que siquiera le permita mantener el funcionamiento de gobierno. Uno de los grandes gastos, que son las nóminas públicas, es insostenible, se cubre con dinero inorgánico en buena parte, lo que ayuda a potenciar la inflación que sigue avanzando ante la indiferencia de las autoridades.

La crisis social se manifiesta de manera que el colapso de los servicios generales, la atención sanitaria y la educación, han vuelto hostil la vida en Venezuela, que no garantiza lo mínimo para el desempeño del desarrollo social del ciudadano en aspectos tan básicos como esos. El sector sanitario está prácticamente privatizado, de facto, ya que al no funcionar y no haber atención mínima en los hospitales públicos, quienes pueden aduen a las clínicas privadas, que también sufren los efectos de la escasez de insumos y medicinas.

Un gobierno que está prácticamente quebrado, que ha estado ofreciendo activos de la República en remates con ventas con pactos de recompra, es decir pagando deuda, con más endeudamiento en peores condiciones, sin que se permita que la Asamblea Nacional (AN), haga legalmente la función de revisión y control de tales acuerdos.

La crisis económica, ha desatado no sólo un descontento generalizado en que al menos 92% de la población, según datos de una última encuesta encargada por Miraflores, rechaza al gobierno de Nicolás Maduro. También ha producido una seria crisis política, luego que a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se dejara sin poderes al Parlamento, lo que fue calificado por el mundo como un “golpe de estado” o “autogolpe” y que ha sido un evento de desenlace, del descontento generalizado, que se ha traducido en que si ya el gobierno tenía problemas con la situación económica, y lo social no pasaba de pequeños focos de protestas de sectores populares, por la falta de alimentos, ahora tiene una situación mucho más compleja, porque la crisis económica, que no logra resolver actualmente, ahora se une con el reclamo social, y que ayuda a alimentar la crisis política, siendo los factores de oposición los que capitalizan el descontento generalizado.

Es decir, a la administración Maduro, le toca lidiar, con una crisis mucho más grande, que se fundamenta en otros tres problemas que por separados no pudo manejar, la crisis económica, la crisis social y ahora la crisis política, que no sólo es interna, sino externa también.

Foto Archivo ENPaís